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Alba Abanades Francisco González-Espejito Carmen Almendros |Malas Prácticas en Psicoterapias y Pseudoterapias
psicoterapia convencional revelan modos distintos en
los que pueden erosionarse los límites terapéuticos.
En el primer caso, la expansión de roles y la opacidad
financiera funcionan como mecanismos de influencia
y dependencia en el segundo, la ambigüedad del
encuadre y la falta de transparencia informativa limitan
la autonomía del paciente y debilitan la claridad del
consentimiento. Estas manifestaciones superficiales
podrían responder a una lógica estructural común de
asimetría y control, aunque con intencionalidades y
gravedades éticas distintas, lo que explica la ausencia
de diferencias consistentes en algunos factores teóricos
agregados. No obstante, ambas vías muestran cómo
el debilitamiento de la autonomía del paciente puede
emerger tanto por acción deliberada como por omisión
o deficiencia profesional.
Al considerar el género del terapeuta, los resultados
muestran, en consonancia con la literatura previa
(Pope y Vásquez, 1999 Pope et al., 1987), que los
terapeutas varones presentan una mayor tendencia
a incurrir en malas prácticas vinculadas a relaciones
duales de carácter sexual, lo que coincide con la mayor
proporción de hombres documentada entre los líderes
de grupos coercitivos (Hassan, 1990). En contraste,
en el dominio de Confidencialidad se observaron más
negligencias entre las terapeutas mujeres, un patrón
que podría relacionarse con diferencias en los estilos
de comunicación o con la naturaleza de los contextos
en los que ejercen, más que con una vulneración ética
intencional.
En contraste con la tendencia descrita en estudios
clásicos sobre grupos coercitivos, en este estudio se
observó que los participantes de mayor edad tendían a
haber acudido a pseudoterapias, mientras que los más
jóvenes informaban con mayor frecuencia haber recibido
psicoterapia convencional. Esta diferencia sugiere que
la edad no actúa como un factor protector, sino que
podría relacionarse con la exposición generacional
a distintos modelos de atención psicológica. Aunque
la literatura temprana sobre captación en grupos
coercitivos identificó una mayor vulnerabilidad
durante la adolescencia y juventud (p. ej., Levine,
1984 Singer y Lalich, 1997 Wright y Piper, 1986),
otros autores ya advertían que los adultos y mayores
pueden constituir también una población diana para
el reclutamiento, especialmente cuando atraviesan
crisis vitales, pérdidas o situaciones de aislamiento
social (Curtis y Curtis, 1993 Langone, 2011). Este
desplazamiento del perfil de riesgo hacia edades más
avanzadas podría relacionarse con la insatisfacción
ante los recursos públicos de salud mental, la búsqueda
de alternativas percibidas como más personales o
espirituales, y una menor familiaridad con el discurso
científico en salud psicológica. Estudios recientes
muestran que los adultos mayores presentan brechas
más amplias en alfabetización digital en salud y en su
capacidad para evaluar críticamente intervenciones
basadas en evidencia, lo que limita el acceso a
servicios psicológicos convencionales y aumenta la
vulnerabilidad frente a ofertas pseudoterapéuticas
(Dong et al., 2023 Pywell et al., 2020 Wang et al.,
2025). Esta menor integración en la cultura científica
y en los entornos digitales de salud puede dificultar la
identificación de las fuentes fiables y la confianza en
modelos de atención basados en evidencia, facilitando
la adopción de prácticas no contrastadas. Por ello,
los programas de educación y prevención en salud
mental deberían incorporar la alfabetización digital y
el empoderamiento informativo como componentes
esenciales para reducir la exposición a intervenciones
pseudoterapéuticas y coercitivas.
También resultan especialmente relevantes los
resultados según el tipo de recurso terapéutico. Se
observan mayores puntuaciones de malas prácticas
relacionadas con la competencia profesional en la
sanidad pública y en las asociacionesque prestan
servicios gratuitos, en comparación con recursos
privados, así como puntuaciones más altas en el ítem
“No me dedicaba el tiempo suficiente”. Estos hallazgos
son coherentes con las carencias señaladas por el
Defensor del Pueblo (2020) —solo alrededor de seis
psicólogos por cada 100.000 habitantes en la red
pública— y respaldan la hipótesis de que las limitaciones
estructurales de tiempo y recursos pueden contribuir
a errores asistenciales, tales como el menosprecio de
las preocupaciones del paciente, el escaso tiempo de
dedicación o la intervención en problemáticas fuera
del ámbito de competencia del terapeuta. En esta
misma línea, la Asociación para Proteger al Enfermo
de Terapias Pseudocientíficas (APETP), citada por
Moriana y Gálvez-Lara (2020), ha señalado que la falta
de recursos adecuados en el sistema sanitario público
constituye uno de los factores que empuja a algunas
personas a recurrir a curanderos o pseudoterapeutas.
Sin embargo, aunque estas explicaciones basadas

International Journal of Coercion, Abuse, and Manipulation Volume 9, Issue 2 2026 86
en la sobrecarga asistencial son plausibles, resulta
esencial diferenciar los fallos derivados de limitaciones
sistémicas de aquellas tácticas que reflejan dinámicas de
poder y control coercitivo. Solo estas últimas configuran
patrones sostenidos de vulneración ética y requieren
respuestas deontológicas específicas, mientras que las
primeras demandan reformas estructurales y mejoras
en la calidad asistencial.
En cambio, no se observaron diferencias significativas
según el enfoque terapéutico ni el tipo de terapia
(individual o grupal), lo que probablemente se deba
a la baja representación de algunos enfoques en la
muestra. En este sentido, los resultados solo confirman
parcialmente la influencia de estas variables,
sugiriendo que futuros estudios quizá puedan arrojar
mayor claridad sobre su papel en la aparición de malas
prácticas.
En conjunto, los resultados, coherentes con los estudios
previos sobre denuncias éticas y legales, indican
que las malas prácticas no se circunscriben a las
pseudoterapias, sino que también pueden presentarse
en contextos de psicoterapia convencional, incluso
cuando son dirigidos por profesionales altamente
formados. Esto refuerza la necesidad de abordar las
vulneraciones éticas como un fenómeno transversal
a distintos marcos terapéuticos, más que como un
problema exclusivo de los enfoques alternativos.
Resulta especialmente relevante que, aunque el
ministerio de Sanidad no la considera como una terapia
con evidencia, incluso en terapias que se presentan
como psicoterapias convencionales por su popularidad
en ciertos contextos —por ejemplo, el psicoanálisis—,
algunos pacientes hayan obtenido puntuaciones
elevadas en la PAEGS. Este hallazgo sugiere que
ciertas dinámicas coercitivas pueden emerger también
en contextos clínicos formalmente legítimos, con
independencia de la orientación teórica o del marco de
referencia (p. ej., Conte y Karasu, 1990 Deardorff et al.,
1984 Lilienfeld, 2007 Mattioli, 2020 Saphiro y Smith,
2011). Ello podría deberse, por un lado, a desviaciones
de las prácticas esperadas dentro del propio enfoque
—por ejemplo, intervenciones que sobrepasan sus
límites técnicos o éticos— y, por otro lado, al camuflaje
de pseudoterapias o intervenciones no acreditadas bajo
denominaciones que evocan legitimidad profesional.
En ambos casos, la frontera entre la práctica clínica y
la coercitiva se difumina, subrayando la necesidad de
mecanismos de supervisión y formación que aseguren
el cumplimiento de estándares de competencia e
integridad profesional.
En consecuencia, resulta prioritario promover
una mayor sensibilización y alfabetización ética
en la población general, no solo en lo relativo a la
distinción entre tratamientos psicológicos basados
en evidencia (Moriana y Gálvez-Lara, 2020) y ofertas
pseudoterapéuticas potencialmente dañinas, sino
también en torno a los estándares éticos que rigen la
práctica profesional. Este conocimiento contribuye a
la prevención de abusos y al fortalecimiento del juicio
crítico frente a prácticas no reguladas. Del mismo
modo, es fundamental profundizar en la formación
ética de los profesionales de la psicología, situando en
el centro la comprensión del abuso como fenómeno
ético-relacional y el derecho de las personas afectadas
a narrar y dignificar sus experiencias. Reforzar este
enfoque no solo promueve una cultura profesional más
responsable, sino que también facilita que las víctimas
puedan reconocer y defender sus derechos cuando
denuncien los malos tratos sufridos.
Los impactos del control coercitivo han sido
ampliamente documentados en investigaciones
con exmiembros de grupos sectarios, donde suelen
evaluarse en términos de abuso psicológico grupal. En
este sentido, se ha estimado la existencia de alrededor
de 5.000 grupos o comunidades con prácticas de abuso
psicológico en Estados Unidos (McCabe et al., 2007), lo
que evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno.
Además, el abuso psicológico grupal se ha identificado
como una variable de gran influencia en el malestar
emocional y el ajuste posterior a la salida de entornos
coercitivos, actuando como un predictor significativo
de las dificultades psicológicas que afrontan las víctimas
tras su desvinculación (Antelo et al., 2021b).
Por lo tanto, resulta esencial considerar los efectos
del control coercitivo en contextos grupales,
operacionalizados a través de los dominios de abuso
psicológico medidos por la PAEGS, dada su estrecha
relación con la ejecución de malas prácticas (p. ej.,
Mattioli, 2020 McKay y Jensen-Doss, 2021). De forma
consistente, investigaciones recientes muestran que
el abuso psicológico grupal en entornos sectarios o
coercitivos se asocia con un descenso significativo del