International Journal of Coercion, Abuse, and Manipulation Volume 9, Issue 2 2026 86
en la sobrecarga asistencial son plausibles, resulta
esencial diferenciar los fallos derivados de limitaciones
sistémicas de aquellas tácticas que reflejan dinámicas de
poder y control coercitivo. Solo estas últimas configuran
patrones sostenidos de vulneración ética y requieren
respuestas deontológicas específicas, mientras que las
primeras demandan reformas estructurales y mejoras
en la calidad asistencial.
En cambio, no se observaron diferencias significativas
según el enfoque terapéutico ni el tipo de terapia
(individual o grupal), lo que probablemente se deba
a la baja representación de algunos enfoques en la
muestra. En este sentido, los resultados solo confirman
parcialmente la influencia de estas variables,
sugiriendo que futuros estudios quizá puedan arrojar
mayor claridad sobre su papel en la aparición de malas
prácticas.
En conjunto, los resultados, coherentes con los estudios
previos sobre denuncias éticas y legales, indican
que las malas prácticas no se circunscriben a las
pseudoterapias, sino que también pueden presentarse
en contextos de psicoterapia convencional, incluso
cuando son dirigidos por profesionales altamente
formados. Esto refuerza la necesidad de abordar las
vulneraciones éticas como un fenómeno transversal
a distintos marcos terapéuticos, más que como un
problema exclusivo de los enfoques alternativos.
Resulta especialmente relevante que, aunque el
ministerio de Sanidad no la considera como una terapia
con evidencia, incluso en terapias que se presentan
como psicoterapias convencionales por su popularidad
en ciertos contextos —por ejemplo, el psicoanálisis—,
algunos pacientes hayan obtenido puntuaciones
elevadas en la PAEGS. Este hallazgo sugiere que
ciertas dinámicas coercitivas pueden emerger también
en contextos clínicos formalmente legítimos, con
independencia de la orientación teórica o del marco de
referencia (p. ej., Conte y Karasu, 1990 Deardorff et al.,
1984 Lilienfeld, 2007 Mattioli, 2020 Saphiro y Smith,
2011). Ello podría deberse, por un lado, a desviaciones
de las prácticas esperadas dentro del propio enfoque
—por ejemplo, intervenciones que sobrepasan sus
límites técnicos o éticos— y, por otro lado, al camuflaje
de pseudoterapias o intervenciones no acreditadas bajo
denominaciones que evocan legitimidad profesional.
En ambos casos, la frontera entre la práctica clínica y
la coercitiva se difumina, subrayando la necesidad de
mecanismos de supervisión y formación que aseguren
el cumplimiento de estándares de competencia e
integridad profesional.
En consecuencia, resulta prioritario promover
una mayor sensibilización y alfabetización ética
en la población general, no solo en lo relativo a la
distinción entre tratamientos psicológicos basados
en evidencia (Moriana y Gálvez-Lara, 2020) y ofertas
pseudoterapéuticas potencialmente dañinas, sino
también en torno a los estándares éticos que rigen la
práctica profesional. Este conocimiento contribuye a
la prevención de abusos y al fortalecimiento del juicio
crítico frente a prácticas no reguladas. Del mismo
modo, es fundamental profundizar en la formación
ética de los profesionales de la psicología, situando en
el centro la comprensión del abuso como fenómeno
ético-relacional y el derecho de las personas afectadas
a narrar y dignificar sus experiencias. Reforzar este
enfoque no solo promueve una cultura profesional más
responsable, sino que también facilita que las víctimas
puedan reconocer y defender sus derechos cuando
denuncien los malos tratos sufridos.
Los impactos del control coercitivo han sido
ampliamente documentados en investigaciones
con exmiembros de grupos sectarios, donde suelen
evaluarse en términos de abuso psicológico grupal. En
este sentido, se ha estimado la existencia de alrededor
de 5.000 grupos o comunidades con prácticas de abuso
psicológico en Estados Unidos (McCabe et al., 2007), lo
que evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno.
Además, el abuso psicológico grupal se ha identificado
como una variable de gran influencia en el malestar
emocional y el ajuste posterior a la salida de entornos
coercitivos, actuando como un predictor significativo
de las dificultades psicológicas que afrontan las víctimas
tras su desvinculación (Antelo et al., 2021b).
Por lo tanto, resulta esencial considerar los efectos
del control coercitivo en contextos grupales,
operacionalizados a través de los dominios de abuso
psicológico medidos por la PAEGS, dada su estrecha
relación con la ejecución de malas prácticas (p. ej.,
Mattioli, 2020 McKay y Jensen-Doss, 2021). De forma
consistente, investigaciones recientes muestran que
el abuso psicológico grupal en entornos sectarios o
coercitivos se asocia con un descenso significativo del

87
Alba Abanades Francisco González-Espejito Carmen Almendros |Malas Prácticas en Psicoterapias y Pseudoterapias
bienestar (Saldaña et al., 2021b) y que dicho malestar
tiende a incrementarse con el tiempo transcurrido
desde el abandono del grupo (p. ej., Gasde y Block,
1998 Walsh et al., 1995). La relevancia del fenómeno
se refuerza por su vinculación con síntomas
psicopatológicos diversos —como ansiedad, depresión
o estrés postraumático— (p. ej., Conway et al., 1986
Goldberg et al., 2017 Malinoski et al., 1999 Saldaña et
al., 2017), niveles elevados de estrés percibido (Saldaña
et al., 2021a) y diversos trastornos psicológicos y
sociales (p. ej., Antelo et al., 2021a Boeri, 2002
Coates, 2010 Matthews y Salazar, 2014). En conjunto,
el abuso psicológico, entendido como expresión de
los dominios centrales del control coercitivo, parece
deteriorar de manera sustancial el bienestar (p. ej.,
Saldaña et al., 2021a, 2021b) y la funcionalidad de
las víctimas, mostrando efectos comparables en otros
contextos relacionales como las relaciones de pareja
(Zlotnick et al., 2006), los entornos laborales (Nauman
et al., 2019) o los contextos educativos (Navarro et al.,
2015), donde el impacto puede persistir largo tiempo
tras el fin de la situación abusiva (Anderson y Saunders,
2003).
En conjunto, los resultados ofrecen evidencia preliminar
de que las malas prácticas tienden a agruparse en
configuraciones compatibles con dinámicas de control
coercitivo, tanto en pseudoterapias como, en ciertos
casos, bajo el rótulo de “psicoterapia convencional”.
Este hallazgo sugiere que los mecanismos de dominio
relacional pueden operar de forma transversal a
distintos marcos terapéuticos, y que su detección
requiere analizar patrones de interacción más que
incidentes aislados. Desde esta perspectiva, el control
coercitivo proporciona un marco conceptual unificador
para comprender estas configuraciones, mientras
que la EMPT-60 y la PAEGS se consolidan como
instrumentos complementarios capaces de captar,
respectivamente, las dinámicas diádicas y grupales de
coerción y abuso psicológico.
Estos resultados subrayan la necesidad de
reforzar la sensibilización y alfabetización ética
en la población general, no solo en lo relativo a la
distinción entre tratamientos psicológicos basados
en evidencia (Moriana y Gálvez-Lara, 2020) y ofertas
pseudoterapéuticas potencialmente dañinas, sino
también en torno a los estándares éticos que rigen la
práctica profesional. Este conocimiento contribuye a
la prevención de abusos y al fortalecimiento del juicio
crítico frente a las prácticas no reguladas. Del mismo
modo, es fundamental profundizar en la formación
ética de los profesionales de la psicología, situando en
el centro la comprensión del abuso como fenómeno
ético-relacional y el derecho de las personas afectadas
a narrar y dignificar sus experiencias. Reforzar este
enfoque no solo promueve una cultura profesional más
responsable, sino que también facilita que las víctimas
puedan reconocer y defender sus derechos cuando
denuncien los malos tratos sufridos.
Desde una perspectiva aplicada, los resultados
subrayan la importancia de la detección temprana
de conglomerados de malas prácticas —por ejemplo,
la combinación de finalización coercitiva, relaciones
duales y opacidad informativa—, cuya identificación
debería activar mecanismos de supervisión y, en su
caso, la obtención de una segunda opinión profesional.
A nivel organizativo, la incorporación de instrumentos
breves de cribado inspirados en la EMPT-60, centrados
en aspectos como el encuadre, el consentimiento
informado y las relaciones duales, podría contribuir
a prevenir la deriva hacia dinámicas de control o
coerción. En el plano regulatorio, la documentación
transparente de los límites de competencia, del
encuadre terapéutico y de la información facilitada y
firmada por el paciente mejoraría la trazabilidad de las
decisiones clínicas y reforzaría la protección tanto de
los usuarios como de los profesionales.
No obstante, debido al carácter exploratorio de esta
investigación, los resultados deben interpretarse con
cautela, como patrones descriptivos y asociaciones
iniciales, que aportan una base empírica para la
formulación de hipótesis futuras. En particular, estos
hallazgos pueden orientar líneas de trabajo posteriores
dirigidas a examinar con mayor profundidad la
relación entre malas las prácticas profesionales y las
dinámicas de control coercitivo en distintos contextos
terapéuticos.
6. Limitaciones del estudio
Como toda investigación, este estudio presenta
ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta al
interpretar los resultados. En primer lugar, el tamaño
de la muestra fue menor al deseable, dado que se trató
de una encuesta con criterios de inclusión amplios y